Hoy, a raíz del escándalo de cuatro jóvenes hijos de funcionarios, sometidos por Aduana, parece increíble la defensa a Adalberto Rosa (padre), olvidando los cuestionamientos a que fue sometido cuando era administrador de la Tabacalera.
El tiempo lo borra todo, dicen. Al parecer, esa afirmación cobra sentido al escuchar con cuanto frenesí, algunas “personalidades” defienden la “honorabilidad” del recién electo diputado peledeísta por la provincia de Santiago, Adalberto Rosa. La reflexión viene a cuento, a propósito del escándalo en que se ha visto envuelto un hijo suyo, quien lleva su mismo nombre, y que involucra otra estafa millonaria al Estado dominicano, y el afán de algunos por desvincular al padre de esas inconductas.
Si como dicen, los hijos e hijas son, en parte, producto de la formación de sus padres, entonces, el joven Adalberto Rosa ha actuado de manera coherente, puesto que, Adalberto Rosa (padre), en su momento, hablamos del año 2000, cuando el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana abandonaba el poder para dar paso al presidente Hipólito Mejía, se vio envuelto en un nada honorable lío que involucró la nada despreciable suma de 85 millones de pesos, aproximadamente, y que todavía hoy, no se ha podido desenredar, a pesar de que en ese mismo año, la desaparecida Revista AHORA, publicaba un trabajo de investigación, calzado con la firma de quien suscribe y debidamente documentado, sobre una cuestionada transacción cuando se desempeñaba como administrador de la Tabacalera.
Hoy, a raíz del escándalo de cuatro jóvenes hijos de funcionarios, sometidos por la Dirección General de Aduanas, parece increíble, que uno de los principales defensores de la honorabilidad y honestidad del hoy electo diputado peledeísta por Santiago, Adalberto Rosa, es nada más y nada menos que el también electo, esta vez senador, Julio César Valentín, que al día de hoy funge como presidente de la Cámara Baja, olvidando al parecer, los cuestionamientos a su defendido cuando era el administrador de la entonces Compañía Anónima Tabacalera.
Así las cosas, a continuación reproducimos íntegramente lo publicado entonces por la Revista AHORA, a ver si así se devuelve la memoria a quienes apuestan al olvido.
“Las cuentas del Colegio La Esperanza no están claras”
84 millones de CORDE regalados a una fundación privada.
Por Ivonne Ferreras
El tiempo transcurría y había que apresurar algunas transacciones que luego sería imposible de concretar. La premura, entonces, era evidente. En esos afanes de última hora se encontraban varias instituciones del gobierno y, en la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), la cosa no era distinta. En esos aprestos, toda la suerte del mundo se colocó de un solo lado de la balanza.
Una fundación creada al calor del proceso de privatización fue incorporada a vapor para recibir una donación de inmuebles valorados en 85 millones de pesos, además de una subvención mensual por parte del gobierno de 332 mil pesos vía la ya famosa cuenta 1401. Lo que se dice, un negocio redondo. Eso, por lo menos, debió pensar el ex diputado peledeísta y ex administrador de la Compañía Anónima Tabacalera, Adalberto Rosa, cuando a nombre de una “fundación, representada por él, recibió libre de cargas y gravámenes el Colegio La Esperanza, con todos sus ajuares y muebles, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, además de “otros” inmuebles.
El contrato de donación fue firmado por el ex director general de CORDE, Eduardo Selman Hasbún, el nueve de agosto de este año, es decir, siete días antes de que el Presidente Leonel Fernández culminara su mandato. Se trata del colegio donde estudiaban los hijos de empleados de la empresa estatal sin costo alguno y que durante el proceso de capitalización fue entregado en pago a CORDE por el Comité de Liquidadores de la entonces Compañía Anónima Tabacalera.
Y todo estaría muy bien, a no ser porque el beneficiario de la donación es la persona que, como administrador de la Tabacalera, encabezó el Comité de Liquidadores de la entonces empresa estatal durante el proceso de capitalización. Adalberto Rosa firma el contrato donde la compañía “cede y transfiere a titulo de dación” a CORDE el Colegio La Esperanza el 4 de agosto del 2000. Cuatro días después, firma otro contrato en representación de la fundación donde CORDE “le cede y transfiere a titulo de donación” la misma propiedad, lo que lo convierte en juez y parte del cambalache.
Lo cierto es que en la actualidad, la Fundación Colegio La Esperanza es un buen negocio. Como en otros centros educativos, se paga también la irresponsabilidad oficial de garantizar con eficiencia la educación. Las tarifas varían entre 100 y 450 pesos mensuales.
La historia del cambalache
La naciente institución beneficiaria tiene como presidente al ex Administrador y presidente del Comité de Liquidadores de la antigua Tabacalera, a la que los trabajadores, con su sindicato al frente, habían arrancado la conquista de educación gratuita para sus hijos.
En el formato que se desprende de la Asamblea constitutiva de la nueva ONG, celebrada en febrero del año en curso, figuran los nombres de instituciones tales como: Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, Instituto Superior de Agricultura, Secretaría de Estado de Educación, Asociación de Padres y Amigos del Colegio La Esperanza, Gobernación Provincial, Ayuntamiento Municipal y otras.
Aún cuando no aparecen en el acta, el jefe de la Fundación asegura que también están comprometidas las Universidades Católica Madre y Maestra, Autónoma de Santo Domingo y Evangélica. Un mes antes de celebrada la Asamblea constitutiva, el colegio operaba como una fundación, a nombre de la cual, se logró la referida asignación mensual de 332 mil pesos, vía la cuenta 1401.
La afirmación es del nuevo director del centro, José Tabaré, quien antes del proceso de privatización se desempeñaba como jefe de Recursos Humana de la Tabacalera. Cabe suponer que las personas individuales o jurídicas sobre quienes descansa la responsabilidad legal de la nueva ONG tienen que explicar también cómo una institución que aún no existía legal y jurídicamente recibía la subvención del gobierno central.
“La fundación se creó por iniciativa de la Comisión de Reforma de la Empresa Pública, debido a que el colegio no interesaba a los capitalizadotes, y por una demanda de los trabajadores y su decisión de que la entidad educativa funcionara como hasta ese momento”, argumenta Tabaré. La versión es confirmada por Adalberto Rosa, quien asegura que solo existían dos caminos: “O se pasaba el colegio a la administración pública, o se creaba una estructura que le diera continuidad al estatus del centro”.
No se tiene constancia, sin embargo, de la regularidad de las reuniones referidas de la asamblea y del papel de las instituciones referidas en los documentos constitutivos de la nueva ONG, que extrañamente fue sugerida “como camino” por la CREP. ¿Un cruce de flechas?
En su afán por demostrar que todo se hizo de buena fe, al jefe de la fundación no le cuadran las fechas. Primero asegura que la entidad entró en vigencia inmediatamente se liquida la Tabacalera el 31 de diciembre de 1999. “Pero se produce un limbo y la antigua compañía sigue financiando el colegio y su personal hasta abril, fecha en que todo pasa a manos de la nueva egresa”.
Luego explica: “La fundación entró en vigencia cuando los capitalizadores toman posesión de todo, en abril, y sólo entonces funcionamos”. En su intento por aclarar la cosa, ofrece una amalgama de fechas para precisar el momento de la donación, sin lograr recordarlo. AHORA tiene documentos que establecen como fecha el 9 de agosto del 2000. De lo que sí está seguro es de que “era requisito para la donación la incorporación legal de la fundación”, de la que tampoco recuerda fecha exacta. Olvida todo el procedimiento.
Según documentos, la Fundación fue incorporada mediante el decreto 242-2000, del 5 de junio. Camina sobre sus palabras y dice que la incorporación también era requisito para recibir cualquier donativo, sin reparar que desde enero del 2000 eran subvencionados por la 1401 y la compañía de manera paralela.
“El traspaso no se hizo antes, a la espera de la incorporación, y porque para liquidar una empresa había que llegar a acuerdos con los accionistas privados. CORDE no podía hacer nada hasta tanto los liquidara y una asamblea de accionistas le otorgó el derecho a traspasar y a constituir la nueva empresa”. Ahora resulta que el gobierno debe a la fundación cerca de dos millones de pesos, debido a que la subvención iniciada en enero sólo se pagó hasta abril.
Desde entonces y hasta la fecha, el monto acumulado es deuda. Los contratos de dación en pago y de donación, ambos firmados por Rosa, establecen en su artículo primero que los inmuebles que recibe la ONG, abarcan seis porciones de terrenos ubicadas en las parcelas número 158, 159 y 160 del Distrito Catastral 6, que sumados, arrojan una extensión superficial de alrededor de 48 mil metros cuadrados.
Adalberto Rosa, quien asumió la administración de la antigua Tabacalera en 1996, es decir, con el inicio de la administración peledeísta, y pensionado por sus años de trabajo público, dice que la fundación representa a una empresa que, a juzgar por sus propias palabras, ya no existe.
37 años de educación gratuita
El Colegio la Esperanza, ubicado en la avenida Estrella Sadhalá, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, luego de 37 años en manos de los trabajadores de la antigua Tabacalera, acoge una matrícula de 2 mil 85 estudiantes.
Los “becados”, como llama a los estudiantes no hijos de ex empleados, que pagan 450 pesos mensuales; mientras los viejos pagan 100. Argumentan que los estudiantes reciben educación gratuita y la cuota sólo cubre el transporte, aún cuando la Tabacalera cedió los cuatro autobuses para esos fines.
A decir del jefe de la fundación, la antigua compañía invertía 6 millones en el colegio. Ahora “se gastan en nómina alrededor de 380 mil pesos mensuales, más 150 mil de pago de transporte, porque hemos rentado siete autobuses más, debido a la demanda. La matrícula estudiantil está distribuida en dos tandas: 53 profesores con salarios de tres mil 500 por tanda asumen la responsabilidad de la formación académica”. En la Fundación desempeña sus labores de manera gratuita y transitoria, tal y como lo establecen los estatutos.
No obstante, le preocupa que la entidad pueda pasar a manos de la Secretaría de Estado de Educación. Para ello, esgrime la baja calidad de la enseñanza pública, además de que así, como están las cosas, les resultaría menos costoso
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