jueves, 29 de julio de 2010

Gobernadora de Arizona apelará fallo contra ley de inmigración.


La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció que apelará el fallo emitido en la víspera por la jueza distrital, Susan Bolton contra la norma SB 1070 de inmigración en dicho estado, y que suspende temporalmente varias de sus disposiciones.

Para la gobernadora Jan Brewer, la decisión anunciada por Bolton "es un bache en el camino" y prometió apelar, algo que luego fue confirmado por su vocero Paul Senseman.

La Ley Arizona comenzó a regir a partir de la medianoche de hoy con un alcance parcial, luego de que la jueza distrital de Arizona, Susan Bolton, vetara alguno de sus artículos "por lo menos hasta que las cortes tengan la oportunidad de escuchar el caso completo".

"Arizona le pediría a la Corte Federal de Apelaciones del noveno circuito, que suspenda las medidas cautelares ordenadas por Bolton y que acelere el examen de la apelación presentada por el Estado", anunció Senseman, según informa la agencia DPA.

Entre las disposiciones bloqueadas por la magistrtada figura la que obliga a la policía a determinar el estatus migratorio de toda persona detenida en la calle, presa o arrestada si hay "sospechas razonables" de que está ilegalmente en el país.

La jueza también paralizó otros artículos controversiales como el que acelera los procesos de deportación, tipifica como delito el hecho de no portar documentos, y criminaliza recoger a un indocumentado en cualquier medio de transporte.

En cambio deja vigentes otros aspectos, como el que castiga a quienes den trabajo a inmigrantes ilegales y la creación de mecanismos de reclamo en el que caso de que alguien se sienta víctima de discriminación racial.

El representante republicano Russell Pearce, impulsor de la Ley de Arizona, opinó que la jueza se equivocó y pronosticó que el Estado "ganará el caso" al final.

En la otra vereda, Marta Calderón, quien junto con un puñado de mujeres fue la iniciadora de las vigilias que desataron todo el movimiento de rechazo a la ley, aseguró que su protesta pacífica de 103 días "valió la pena".

"No es una decisión final, pero es un alto a los abusos, un alto a una ley extremadamente racista que no nos estaba dejando opciones", afirmó a la agencia de noticias DPA.

"Querían eliminarnos definitivamente de Estados Unidos y si le hubiéramos dado chance, hasta de la faz de la tierra, pero no les dimos chance", concluyó con un optimismo que parece no tener en cuenta que la discusión política y judicial está lejos del final.

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