WASHINGTON.- El presidente de EE.UU., Barack Obama, prevé renovar este martes en el Paso (Texas) su pedido de una reforma migratoria que responda a “las necesidades económicas y de seguridad del país en el siglo XXI”, mientras los republicanos exigen extender la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con México.
La visita a El Paso es parte del nuevo empuje que quiere dar la Casa Blanca al tema de una reforma migratoria integral, que afronta un clima hostil en el Congreso.
Obama ha dicho en las últimas semanas que cree “firmemente” en la urgencia de corregir el “maltrecho” sistema migratorio, “de manera que responda a las necesidades económicas y de seguridad del país en el siglo XXI”.
Aunque la inmigración no es el tema más acuciante de los hispanos -como lo es la economía-, sí lo es para las familias inmigrantes afectadas por las redadas y las deportaciones.
Así, los analistas creen que la visita del mandatario a El Paso puede generarle dividendos políticos: le ayudaría a cimentar el apoyo latino con miras a su reelección en 2012 y a destacar que, según su Gobierno, la frontera “está más segura que nunca”.
“Es una gran oportunidad para que Obama subraye el éxito de la seguridad fronteriza y la importancia para la economía norteamericana de flujos regulares y regulados de bienes y personas en la frontera”, dijo a Efe Andrew Selee, director del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson en Washington.
“Sin duda, es un tema polémico pero no se puede parar ese flujo sin dañar la economía de EE.UU, y la mejor opción es buscar reformas que permitan regularlos con más inteligencia”, agregó.
Mientras, los legisladores hispanos piden medidas administrativas para frenar la deportación de estudiantes indocumentados que se beneficiarían de una eventual legalización bajo el proyecto llamado “Dream Act”.
Pero la Casa Blanca replica que Obama no puede actuar de forma “unilateral” y que la inmigración ilegal requiere una solución bipartidista en el Congreso.
Se prevé que las autoridades migratorias deporten este año a unas 400.000 personas, una cifra récord que se sumaría a cantidades similares en los últimos dos años.
La selección de El Paso para el discurso del presidente no es casualidad: la urbe se encuentra a orillas del Río Bravo y hace frontera con Ciudad Juárez, en Chihuahua (México), considerada una de las más peligrosas del mundo debido a la violencia del narcotráfico.
Obama prevé destacar los logros de su Gobierno, que inició en enero de 2009, en materia de seguridad fronteriza, en unos momentos en que, según datos oficiales, los cuatro estados fronterizos con México conforman uno de los corredores más seguros del país.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en un informe reciente que cuatro de las ciudades más grandes de EE.UU que registraron las tasas más bajas de criminalidad en 2009 se encuentran en la frontera sur.
A manera de ejemplo, la estadounidense El Paso registró cinco muertes en 2010, comparado con cerca de 3.000 en la mexicana Ciudad Juárez.
Obama encontrará en El Paso a una metrópolis con gran renacimiento económico tras la recesión de 2009 que hundió a la economía fronteriza.
Ahora, pese a la sangrienta lucha contra el narcotráfico en México, las compañías del área de El Paso marchan a ritmo febril para suministrar a las ensambladoras de automóviles, electrónicos y otros bienes fabricados en Ciudad Juárez.
Este repunte refleja la relación simbiótica de las ciudades fronterizas. Según datos oficiales, el comercio entre El Paso y México registró 69.000 millones de dólares en 2010, en comparación con 47.000 millones de dólares el año anterior.
Todo esto, sin embargo, no termina de convencer a los republicanos, entre ellos el senador John McCain, que exigen extender el despliegue de la Guardia Nacional.
La semana pasada, McCain advirtió de la presunta falta de “seriedad” de Obama sobre la seguridad fronteriza y el hecho de que los narcotraficantes mexicanos tienen a centenares de “espías” dentro del estado estadounidense de Arizona (también fronterizo) para guiar los cargamentos de drogas.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, explicó que la Administración Obama aún no ha tomado una “decisión final” sobre el despliegue de la Guardia Nacional y que un asunto clave es, precisamente, quién pagará por ello.
Los fondos para las operaciones de vigilancia de la Guardia Nacional en California, Arizona, Nuevo y México se agotarán este verano (que empieza a finales de junio) y el Congreso no ha aprobado más fondos para extender su despliegue.
Obama ha dicho en las últimas semanas que cree “firmemente” en la urgencia de corregir el “maltrecho” sistema migratorio, “de manera que responda a las necesidades económicas y de seguridad del país en el siglo XXI”.
Aunque la inmigración no es el tema más acuciante de los hispanos -como lo es la economía-, sí lo es para las familias inmigrantes afectadas por las redadas y las deportaciones.
Así, los analistas creen que la visita del mandatario a El Paso puede generarle dividendos políticos: le ayudaría a cimentar el apoyo latino con miras a su reelección en 2012 y a destacar que, según su Gobierno, la frontera “está más segura que nunca”.
“Es una gran oportunidad para que Obama subraye el éxito de la seguridad fronteriza y la importancia para la economía norteamericana de flujos regulares y regulados de bienes y personas en la frontera”, dijo a Efe Andrew Selee, director del Instituto de México del Centro Woodrow Wilson en Washington.
“Sin duda, es un tema polémico pero no se puede parar ese flujo sin dañar la economía de EE.UU, y la mejor opción es buscar reformas que permitan regularlos con más inteligencia”, agregó.
Mientras, los legisladores hispanos piden medidas administrativas para frenar la deportación de estudiantes indocumentados que se beneficiarían de una eventual legalización bajo el proyecto llamado “Dream Act”.
Pero la Casa Blanca replica que Obama no puede actuar de forma “unilateral” y que la inmigración ilegal requiere una solución bipartidista en el Congreso.
Se prevé que las autoridades migratorias deporten este año a unas 400.000 personas, una cifra récord que se sumaría a cantidades similares en los últimos dos años.
La selección de El Paso para el discurso del presidente no es casualidad: la urbe se encuentra a orillas del Río Bravo y hace frontera con Ciudad Juárez, en Chihuahua (México), considerada una de las más peligrosas del mundo debido a la violencia del narcotráfico.
Obama prevé destacar los logros de su Gobierno, que inició en enero de 2009, en materia de seguridad fronteriza, en unos momentos en que, según datos oficiales, los cuatro estados fronterizos con México conforman uno de los corredores más seguros del país.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) dijo en un informe reciente que cuatro de las ciudades más grandes de EE.UU que registraron las tasas más bajas de criminalidad en 2009 se encuentran en la frontera sur.
A manera de ejemplo, la estadounidense El Paso registró cinco muertes en 2010, comparado con cerca de 3.000 en la mexicana Ciudad Juárez.
Obama encontrará en El Paso a una metrópolis con gran renacimiento económico tras la recesión de 2009 que hundió a la economía fronteriza.
Ahora, pese a la sangrienta lucha contra el narcotráfico en México, las compañías del área de El Paso marchan a ritmo febril para suministrar a las ensambladoras de automóviles, electrónicos y otros bienes fabricados en Ciudad Juárez.
Este repunte refleja la relación simbiótica de las ciudades fronterizas. Según datos oficiales, el comercio entre El Paso y México registró 69.000 millones de dólares en 2010, en comparación con 47.000 millones de dólares el año anterior.
Todo esto, sin embargo, no termina de convencer a los republicanos, entre ellos el senador John McCain, que exigen extender el despliegue de la Guardia Nacional.
La semana pasada, McCain advirtió de la presunta falta de “seriedad” de Obama sobre la seguridad fronteriza y el hecho de que los narcotraficantes mexicanos tienen a centenares de “espías” dentro del estado estadounidense de Arizona (también fronterizo) para guiar los cargamentos de drogas.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, explicó que la Administración Obama aún no ha tomado una “decisión final” sobre el despliegue de la Guardia Nacional y que un asunto clave es, precisamente, quién pagará por ello.
Los fondos para las operaciones de vigilancia de la Guardia Nacional en California, Arizona, Nuevo y México se agotarán este verano (que empieza a finales de junio) y el Congreso no ha aprobado más fondos para extender su despliegue.
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